domingo, 5 de septiembre de 2010
TORTURA TIPO GUANTÁNAMO A PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE.
Familiares y representantes de los 32 mapuche que ya cumplen 53 días en huelga de hambre realizaron una grave denuncia: “están siendo torturados”.
Estas prácticas estarían siendo aplicadas por Gendarmería en todos los penales donde se encuentran los presos mapuches en huelga de hambre – Concepción, Lebu, Angol, Valdivia y Temuco- como una forma de presión para que depongan su protesta.
Estas prácticas estarían siendo aplicadas por Gendarmería en todos los penales donde se encuentran los presos mapuches en huelga de hambre – Concepción, Lebu, Angol, Valdivia y Temuco- como una forma de presión para que depongan su protesta.
La doctora a cargo de la salud de los huelguistas, Berna Castro, confirmó que a los detenidos se los mantiene en la oscuridad y acusa que “se están usando prácticas de la cárcel de Guantánamo para quebrar a los prisioneros, es una forma de tortura, configura un delito de tortura por parte del Estado chileno, hecho por agentes del Estado chileno, en este caso Gendarmería. Y con el conocimiento de los que gobiernan”.
La profesional informó que no tener luz de día hace que una persona pierda la noción del tiempo, alterando su cerebro y provocando una serie de cambios hormonales que hacen funcionar mal el resto del organismo.
Por su parte, la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, quien en ocasiones anteriores ha denunciado las malas condiciones carcelarias en el país, conversó con Radio Universidad de Chile y reconoció que a los mapuche se les aplican castigos que transgreden los tratados internacionales y las leyes, al tiempo que informó que hace diez días envío a una fiscal a revisar la situación en Temuco.
“Los castigos son en celdas de castigo, oscuras, con 23 horas de oscuridad total y sólo una hora de patio, en fin, condiciones con las que hemos luchado para que se terminen porque van en contra de la Convención Contra la Tortura y también en contra de nuestra propia Constitución. De hecho hace unos 10 días atrás mandé a una fiscal a evaluar esta situación, y me dijo que estas personas se encontraban bien…pero fue hace diez días atrás”, señala Maldonado.
En tanto, los partidos oficialistas tratan el tema con cuidado. Mientras el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, dijo “lamentar esta situación”, y llamó al gobierno a “corregir este disparate que le trastorna la existencia a cualquier persona”, el secretario general de la UDI, senador Víctor Pérez, prefirió guardar silencio y criticar los cambios anunciados por el gobierno en la Ley Antiterrorista y la Justicia Militar, algo que a su juicio es “innecesario”.
Mientras, los 32 presos políticos exigen “acciones concretas”, y pese a la oferta del Ejecutivo enviar con urgencia al Congreso Nacional dos proyectos de ley para acotar la jurisprudencia de la Justicia Militar y modificar la actual Ley Antiterrorista, no han desistido de la huelga de hambre que se acerca peligrosamente a los dos meses.
El Gobierno insiste en el llamado a deponer la huelga y renunciar a la violencia como forma de reivindicación territorial, pero los representantes de los presos indican que “ellos tienen miedo de que no se les cumpla la palabra” y permanecerán a la espera de una mesa de diálogo que revise su situación y un compromiso por escrito que les asegure que se les respetará el debido proceso. Desconfianza que las torturas no hacen más que acrecentar y dar sentido.
lunes, 7 de junio de 2010
La legislación sobre el aborto en Chile, como limitante de las libertades sexuales y de culto.
Una amplia gama de acontecimientos han venido sucediendo desde comienzos del siglo XX tanto en nuestro país como en América y el mundo, acontecimientos que han colaborado a transformar en diversos aspectos nuestra forma de concebir la existencia de los humanos y los derechos y deberes de estos en la sociedad. Ejemplo de lo expuesto son las diversas formas que ha tenido el tema del aborto al ser abordado. En nuestro país el aborto ha pasado por diversas etapas, ha mutado desde un tema de índole exclusivamente privado y de sanidad, a un asunto de relevancia pública y de supuesta violación a principios éticos considerados superiores por muchas personas. Entonces, tenemos que cuestionarnos lo siguiente, ¿debemos solo abordar el tema del aborto solo desde un punto de vista religioso, ético y moral o será necesario tomar en cuenta la multiplicidad de factores que pueden incidir al momento de legislar sobre el aborto?
Aparentemente, en Chile los legisladores se han inclinado por la primera de estas opciones, inclinación que a mi juicio no deja de ser reflejo del estancamiento que se ha producido en estas materias. En el año 1989, bajo el régimen militar de Augusto Pinochet, el aborto terapéutico luego de 50 años deja de ser legalmente permitido, desde entonces todos los abortos que se realizan en este país ocurren en la clandestinidad, ya que está penalizado sin excepción[1].
Las chilenas hoy en día, se encuentran víctimas de una macabra discriminación. Las clases acomodadas gozan de privilegios en materia de planificación familiar, y al momento de recurrir al aborto pueden acceder (las clases acomodadas) a prácticas mucho menos riesgosas que las utilizadas por mujeres en precaria situación económica, además en muchas ocasiones las mujeres no controlan las situaciones en que se embarazan.
El aborto no está permitido por la ley pero aún así es una práctica no poco común en las mujeres chilenas, es más, nuestro país tiene una de las tasas de aborto más altas de la región, las cifras oscilarían entre 159.650 y 200.000 abortos anualmente[2]. Está de más admitir que estas cifras son preocupantes, es un número importante de mujeres las que ponen en riesgo sus vidas cada año porque no gozan de férrea protección de sus derechos sexuales ni de instituciones que realmente velen por su derecho a vivir, se requiere la instauración de organismos estatales que regulen el aborto y que faciliten un rápido, seguro y gratuito acceso él.
La influencia ejercida por la iglesia católica sobre el Estado durante las décadas de los setenta y ochenta jugó también un rol importante en la configuración de la actual legislación. Un gobierno no puede comportarse de acuerdo a un paradigma religioso específico, aún si la mayoría de los ciudadanos que componen el estado pertenecen a tal religión, la misión del estado está en velar por el reconocimiento a la libertad de culto de todos sus integrantes, no de un grupo moral específico.
Es de urgente necesidad que el estado cumpla su función protectora de los derechos de las personas que lo componen, sin mostrar tendencia alguna hacia ideologías específicas que puedan permitir preferencias por opiniones propias de algún grupo particular (como en el caso de Chile); tampoco debe aceparse una indiferencia estatal, no se le debe permitir a las personas administrar abortos sin ninguna regulación legal (como en sistemas de ideología liberal).
A modo de conclusión podemos afirmar que la dignidad de la mujer está en juego, en las mujeres recaen las negligencias cometidas en relación a la legislación respecto al aborto, son ellas quienes ponen en riesgo su vida al no haber regulación alguna por parte del estado, son las mujeres quienes finalmente no puede tener control de su propia maternidad pues sus decisiones están subordinadas a opiniones de origen religioso, social y político.
Aparentemente, en Chile los legisladores se han inclinado por la primera de estas opciones, inclinación que a mi juicio no deja de ser reflejo del estancamiento que se ha producido en estas materias. En el año 1989, bajo el régimen militar de Augusto Pinochet, el aborto terapéutico luego de 50 años deja de ser legalmente permitido, desde entonces todos los abortos que se realizan en este país ocurren en la clandestinidad, ya que está penalizado sin excepción[1].
Las chilenas hoy en día, se encuentran víctimas de una macabra discriminación. Las clases acomodadas gozan de privilegios en materia de planificación familiar, y al momento de recurrir al aborto pueden acceder (las clases acomodadas) a prácticas mucho menos riesgosas que las utilizadas por mujeres en precaria situación económica, además en muchas ocasiones las mujeres no controlan las situaciones en que se embarazan.
El aborto no está permitido por la ley pero aún así es una práctica no poco común en las mujeres chilenas, es más, nuestro país tiene una de las tasas de aborto más altas de la región, las cifras oscilarían entre 159.650 y 200.000 abortos anualmente[2]. Está de más admitir que estas cifras son preocupantes, es un número importante de mujeres las que ponen en riesgo sus vidas cada año porque no gozan de férrea protección de sus derechos sexuales ni de instituciones que realmente velen por su derecho a vivir, se requiere la instauración de organismos estatales que regulen el aborto y que faciliten un rápido, seguro y gratuito acceso él.
La influencia ejercida por la iglesia católica sobre el Estado durante las décadas de los setenta y ochenta jugó también un rol importante en la configuración de la actual legislación. Un gobierno no puede comportarse de acuerdo a un paradigma religioso específico, aún si la mayoría de los ciudadanos que componen el estado pertenecen a tal religión, la misión del estado está en velar por el reconocimiento a la libertad de culto de todos sus integrantes, no de un grupo moral específico.
Es de urgente necesidad que el estado cumpla su función protectora de los derechos de las personas que lo componen, sin mostrar tendencia alguna hacia ideologías específicas que puedan permitir preferencias por opiniones propias de algún grupo particular (como en el caso de Chile); tampoco debe aceparse una indiferencia estatal, no se le debe permitir a las personas administrar abortos sin ninguna regulación legal (como en sistemas de ideología liberal).
A modo de conclusión podemos afirmar que la dignidad de la mujer está en juego, en las mujeres recaen las negligencias cometidas en relación a la legislación respecto al aborto, son ellas quienes ponen en riesgo su vida al no haber regulación alguna por parte del estado, son las mujeres quienes finalmente no puede tener control de su propia maternidad pues sus decisiones están subordinadas a opiniones de origen religioso, social y político.
FELIPE HERRERA.
[1] Valenzuela A. Algunos antecedentes en torno al estado actual del aborto terapéutico en Chile. Santiago de Chile: Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos; 1993.
[2] Informe de The Alan Guttmacher Institute (4, p.24).
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